Chile vive momentos de cambios, qué duda cabe de ello. La Convención Constitucional avanza con más tropiezos que certezas en lograr “un Chile mejor y para todos”; mientras que el Gobierno del Presidente Boric busca dar sus primeras señales de ejecución del programa de gobierno. El desarrollo territorial, con especial foco en lo local, no ha sido ajeno ni a la Convención ni al programa del mandatario. En ambas instancias, las definiciones sobre el rol de los municipios como espacios de acción política y social ha sido motivo de arduas discusiones. Si en la Convención el debate se centra en las autonomías que tendrían los Municipios; en el programa del Presidente se establece la propuesta que busca reformular el financiamiento municipal sobre la base de una reforma que “aumentará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 1000%”. Sí, créalo, más de un 1000%.
Así, los debates que se han dado -más allá de las posturas- parecieran tener un hilo conductor común; los municipios requieren mejoras sustantivas en sus fuentes de financiamiento con el fin de disminuir las brechas sociales y territoriales existentes al interior de las comunas.
De esta manera, resulta relevante analizar de mejor manera el Fondo Común Municipal (FCM) como la principal fuente de ingreso para los Municipios de Chile. Dicho Fondo, surge como un instrumento de financiamiento de carácter solidario para los gobiernos locales, el que se redistribuye entre los mismos municipios a partir de criterios como pobreza, cantidad de población, capacidad de ingreso, entre otros. Debido a ello existen Municipios que aportan mucho al FCM (cuentan con bajos índices de pobreza y alta capacidad de generar ingresos) y que en razón a estas características dependen poco de este instrumento para cumplir con sus funciones, versus administraciones comunales que dependen mayoritariamente de éste (poseen altas tasas de pobreza y baja capacidad de generar ingresos propios).
En ese sentido, tanto la literatura como la evidencia demuestran que en muchos casos el FCM requiere de un rediseño y ajustes que le permita a los Municipios socioeconómicamente más rezagados aumentar sus ingresos vía recaudación con menor dependencia de este instrumento, pues diferentes análisis demostrarían que la transferencia de recursos del FCM y un aumento en su cuantía podría generar un desincentivo para que los Municipios sigan recaudando ingresos a través de impuestos y cobros en base al valor patrimonial de los activos de una comuna.
De lo anterior es importante señalar la existencia del riesgo que implicaría, que un aumento del caudal de fondos -ya sea provenientes del FCM o de aportes fiscales directos- pueda resultar en un manejo no adecuado de estos recursos por parte de los municipios que presentan falencias en los sistemas de control y fiscalización.
Ante ello, una reforma que los dote de mayores recursos debería incluir la implementación de herramientas que brinden mejores niveles de transparencia e indicadores de gestión, así como un sistema de control eficaz que garantice que los recursos sean empleados para los fines a los cuales determine la normativa vigente.
Por su parte, un eventual aumento en la cantidad de recursos desde el nivel central hacia los municipios debiese estar mediado por un sistema de incentivos que impulsen a que éstos sean más activos en la recaudación de ingresos propios, mediante estímulos que premien a aquellas administraciones que realizan dicho esfuerzo recaudatorio. Una reforma en esta dirección podría incorporar un componente fijo, comprendido como el aumento del aporte fiscal del gobierno central, y en segundo término un componente variable en que su porcentaje de transferencia esté condicionado a la recaudación de ingresos propios, pudiendo calcularse para estos efectos la capacidad fiscal de cada municipio, es decir, el potencial de recaudación versus lo efectivamente recaudado.
Finalmente, más allá de si alguna de esta u otras medidas son adoptadas a futuro, teniendo como antecedentes las tibias mejoras al sistema de financiamiento municipal, debiese ser un imperativo avanzar en generar un debate amplio, que fije una meta del gasto público total al que podrían llegar los municipios (actualmente es un 15%), pero a su vez con la suficiente corresponsabilidad para que éstas entidades cuenten con mecanismos y capacidades para delimitar las áreas en las cuales puedan ser gastados estos recursos y el establecimiento de los mecanismos de control del gasto ad hoc.
Nicolás Villar Mena.
Felipe Mancilla Mejías.
