“Daré lo mejor de mí para que al finalizar nuestro mandato, podamos decir que Chile es un
país más justo, digno y feliz». Con esta frase, cargada de simbolismo político y emociones,
terminaba la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

La frase no pasa desapercibida y se vuelve difícil no recabar en las últimas encuestas que
miden la aprobación presidencial, las cuales en la semana previa a la cuenta pública
indicaban que el Presidente registraba la mayor tasa de desaprobación desde que comenzó
su gestión, acercándose a un 60% de rechazo ciudadano; y que por otra parte, en el sentir
de las personas, los temas que mayormente les generan preocupación y que por ende
deberían ser priorizados por el ejecutivo son la delincuencia-seguridad, terrorismo en la
macro zona sur, la inflación con el consiguiente alza del costo de la vida, y la incertidumbre
institucional.

En seguridad pública y delincuencia, se valora avanzar en un proyecto que limite la
tenencia de armas y en otro que será presentado en septiembre para fortalecer y
modernizar el sistema de inteligencia del Estado, dando cuenta de esta forma de una
necesidad debatida intensamente en los últimos años respecto a detectar, prevenir y
contener hechos de violencia extrema que se volvieron habituales en el país luego del
estallido social. No obstante lo anterior, el mandatario queda al debe al omitir una demanda
tan sentida como lo es la Defensoría de las víctimas, o bien, se habla de redistribuir la
presencia policial de manera más equitativa en el país, pero no se incorpora en semanas
previas a dicho plan a una de las comunas de mayor relevancia y población como lo es La
Florida.

En materia de violencia en la Macro Zona Sur, llama profundamente la atención que en
ninguna parte del discurso se haya hablado explícitamente de terrorismo, siendo que en
razón a los hechos de extrema violencia acontecidos en el Biobío y La Araucanía se hace
inverosímil negar lo que está sucediendo y el no abordarlo con mayor compromiso y
entereza. La solución a la vorágine de violencia desatada en la zona debe ir más allá de un
programa de entrega de subsidios y reposición económica a quienes vieron afectados su
fuente agrícola y/o comercial. Las víctimas también merecen mayores garantías del
gobierno respecto a la protección y salvaguarda de su integridad física. En esa dirección se
valora positivamente la implementación del estado de excepción y el cambio de opinión del
gobernante respecto a su utilización, sin embargo, se percibe un déficit en el discurso
cuando no se apoya explícitamente la labor de las fuerzas del orden en la prevención de
los graves delitos que se reiteran en esas regiones del sur del país.

Por su parte, en cuanto al alza en el costo de la vida, si bien es cierto lo afirmado por el
Presidente respecto al impacto negativo en la situación económica que suponen la situación
global de guerra y pandemia y los efectos en los suministros y en el alza del precio de los
combustibles como factores determinantes de la inflación, no podemos soslayar en que el
factor interno caracterizado por la irresponsabilidad de los parlamentarios, algunos de la
coalición del mandatario, al atizar e impulsar la política de retiros de las AFP también
contribuyó a acentuar esta situación, a lo que se sumaría en el desmedro de la situación
económica los eventuales efectos decrecientes de la inversión privada y el alza histórica
del dólar como resultado de la incertidumbre institucional que resulta de la propuesta
constitucional que el gobierno apoya. En la misma línea de las implicancias económicas del
discurso se valora la propuesta de establecer un plan de condonación de la deuda educativa
de manera gradual ya que esta medida va en beneficio de las finanzas personales de un
sector de la clase media. Sin perjuicio a lo anterior, resulta razonable que esta medida se
hubiese anunciado para el segundo semestre de este año y no al 2023.

De esta manera, podemos calificar el discurso presidencial como una aspiración de grandes
sueños para los Chilenos, pero donde la situación vigente del país se acerca más a un
constante insomnio si la comparamos con un par de años atrás. Así, la cuenta pública se
tornó ambigua y contradictoria, minimiza el diagnóstico de la profunda crisis política y social
que vive el país. En simple, una narración reacomodada de lo que ya se encuentra en el
programa de gobierno, donde los temas antes mencionados no tuvieron el énfasis o realce
esperado.

En conclusión, el gobierno tiene el desafío histórico de hacerse cargo de los problemas y
contingencias que más perjudican la calidad de vida de los Chilenos. Ante ello, una buena
señal sería dar cuenta de las bajadas concretas de dichos anuncios en un hito tan relevante
y transversal como lo son los primeros 100 días de Gobierno. Pues si de frases se trata,
todos queremos un Chile más feliz.

Nicolás Villar Mena
Felipe Mancilla Mejías