Mientras la conversación pública se concentra en capitales regionales y polos turísticos, hay comunas que siguen esperando algo más elemental que autonomía política: una economía propia.

En Lonquimay, en la precordillera de Malleco, hay caminos que se cierran con la nieve y jóvenes que, para estudiar o trabajar, deben partir a Temuco y muchas veces no volver. A más de 2.000 kilómetros hacia el norte, en Putre, la población envejece mientras los jóvenes “bajan” a Arica en busca de oportunidades. En el centro del país, comunas como Combarbalá enfrentan la sequía, la falta de industrias y la salida de nuevas generaciones hacia La Serena o Santiago.

Estas escenas se repiten, con variaciones, a lo largo de Chile. Y plantean una pregunta que no siempre aparece en la discusión: ¿de qué hablamos cuando hablamos de descentralizar, si dentro de las propias regiones persisten comunas sin las condiciones mínimas para generar oportunidades?

Una descentralización incompleta

Chile ha transferido competencias, creado gobiernos regionales elegidos democráticamente e instalado la idea de que las regiones deben decidir más sobre sí mismas. Es un avance real.

Pero existe otra descentralización, menos visible y más difícil de construir: la económica. Se trata de que el empleo, la inversión y las oportunidades no dependan exclusivamente de la cercanía a Santiago o a una capital regional.

El problema no es que existan polos fuertes como Arica, La Serena, Concepción, Temuco o Valdivia. Es natural que concentren universidades, hospitales, servicios públicos y buena parte del empleo profesional. El problema surge cuando entendemos la descentralización simplemente como trasladar poder y recursos desde Santiago hacia esas ciudades.

¿Estamos descentralizando Santiago hacia las capitales regionales o estamos descentralizando las oportunidades hacia cada comuna? Son preguntas distintas.

Cuando el Estado es la economía local

Uno de los síntomas más claros aparece en el empleo. En Lonquimay, según cifras del Servicio de Impuestos Internos, había 1.211 trabajadores dependientes informados en 2023. De ellos, 739 —seis de cada diez— estaban vinculados a la administración pública y defensa.

La situación se repite en comunas aisladas como General Lagos, en Arica y Parinacota, o Empedrado, en el Maule. Son territorios donde predominan las micro y pequeñas empresas y las grandes inversiones privadas son prácticamente inexistentes. El Estado no reemplazó a un sector privado dinámico: ocupó un vacío que la actividad privada nunca logró llenar.

Reconocerlo no implica cuestionar a los funcionarios públicos ni las transferencias estatales, indispensables para garantizar servicios y equidad territorial. El problema aparece cuando el Estado, además de garantizar caminos, salud, educación y seguridad, termina convertido en el principal motor económico permanente de una comuna.

La dependencia del Fondo Común Municipal es otra expresión de este fenómeno. En numerosas comunas rezagadas supera el 70%, mientras sus ingresos propios permanentes financian apenas una fracción de sus presupuestos.

Sin infraestructura no hay oportunidades

Una calle sin pavimentar no es solamente un problema de comodidad. También es un costo de transporte que dificulta que una pyme rural pueda competir. Una mala conexión a internet limita la posibilidad de emprender, estudiar o prestar servicios desde localidades alejadas.

Según la Encuesta Casen 2024, el 30,7% de los hogares rurales presenta déficit cualitativo de vivienda, frente al 15,6% en zonas urbanas. Además, un 24% carece de acceso cercano a transporte, salud o educación y un 36,5% no cuenta con una conexión adecuada a internet.

En Lonquimay, Putre o Combarbalá estas brechas adquieren formas diferentes, pero producen una consecuencia similar: dificultan la generación de actividad económica privada y empujan a los jóvenes a buscar oportunidades fuera de sus comunas.

No se van necesariamente porque prefieran las grandes ciudades. Muchas veces se van porque el mercado laboral local no ofrece alternativas. Una verdadera política de descentralización debería permitir que una persona pueda construir su proyecto de vida sin estar obligada a abandonar su territorio.

Crear economías locales

La respuesta no puede limitarse a aumentar subsidios y transferencias. Romper esta dinámica requiere políticas capaces de fomentar la creación de valor local y reconocer que los territorios tienen necesidades y ventajas distintas.

Las zonas de rezago, por ejemplo, podrían complementar la inversión pública con incentivos tributarios que permitan atraer actividad privada. También resulta necesario avanzar hacia una regulación más proporcional: no tiene sentido exigir exactamente las mismas condiciones a un pequeño productor rural que a una gran empresa instalada en una zona urbana consolidada.

La infraestructura también debe evaluarse con una mirada distinta. Hoy, proyectos como caminos o fibra óptica suelen evaluarse según su rentabilidad social, donde el número de habitantes tiene un peso determinante. Ese criterio puede terminar castigando precisamente a las zonas menos pobladas. La conectividad debería considerar también su capacidad para generar actividad económica futura.

Finalmente, el fomento productivo debe ser verdaderamente territorial. Instituciones como Corfo o Sercotec podrían contar con mayores espacios de asignación regional y comunal para potenciar aquello que cada territorio sabe hacer: ganadería camélida y turismo patrimonial en Putre; astronomía y artesanía en Combarbalá; turismo de montaña y recolección sustentable de piñón en Lonquimay.

El objetivo no es que todas las comunas desarrollen las mismas industrias, sino que puedan agregar valor a sus propias ventajas.

Descentralizar más que el poder

Las transferencias estatales seguirán siendo indispensables para garantizar servicios básicos y equidad territorial. Pero compensar desigualdades no es lo mismo que construir economías locales capaces de sostener oportunidades.

La descentralización no puede medirse solamente por cuántos recursos llegan desde Santiago o cuántas atribuciones reciben los gobiernos regionales. También debería medirse por algo más concreto: cuántos empleos, empresas y oportunidades reales pueden generarse en los distintos territorios.

Chile lleva años discutiendo cómo repartir mejor el poder entre Santiago y las regiones. El próximo paso es discutir cómo repartimos mejor las oportunidades dentro de cada región. Mientras eso no ocurra, para muchas comunas la descentralización seguirá siendo una promesa que se detiene antes de llegar.

 

Matías Pérez Gutiérrez

Estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Temuco, Delegado Universitario Zona Sur – Juventud de Renovación Nacional.