Chile tiene un problema de desempleo y falta de oportunidades que debe ser abordado de manera integral. Ya se está promoviendo el ingreso de nuevas inversiones, que podrían estimular la creación de nuevos empleos, pero aún falta dar solución a un problema estructural: la brecha de acceso al mercado laboral de las mujeres. Parte de su solución lleva ocho años en el Congreso: la Sala Cuna Universal.

Si bien, el desempleo femenino es superior al masculino, la verdadera brecha aparece incluso antes: muchas mujeres ni siquiera llegan al mercado laboral, siendo las responsabilidades de cuidado de los hijos, una de las barreras estructurales que explican esta situación.

La evidencia confirma lo anterior. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre mayo-julio de 2026 la tasa de desocupación nacional fue de 9,5%. En ese mismo período, la tasa de desocupación femenina llegó a 10,3%, frente a 8,9% entre los hombres. Pero la diferencia más profunda está en la participación laboral: mientras el 70,6% de los hombres participa del mercado laboral, entre las mujeres lo hace apenas el 53,2%, una diferencia de 17,4 puntos que no podemos ignorar.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente cómo generar más empleos para las mujeres, sino ¿cuántas mujeres que hoy están fuera del mercado laboral podrían incorporarse si desaparece una de las principales barreras para trabajar: quién cuida a sus hijos pequeños?

En Chile, las responsabilidades de cuidado siguen recayendo principalmente sobre las mujeres: la II Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (INE, 2025) indica que las mujeres destinan diariamente en promedio 4 horas y 57 minutos al trabajo doméstico, duplicando el tiempo de los hombres. Esto no es solo un problema familiar, es también un problema económico: cuando una madre no tiene acceso a alternativas accesibles para delegar el cuidado de sus hijos, sus posibilidades de trabajar, desarrollarse profesionalmente o emprender se ven limitadas. En consecuencia, también se restringen las oportunidades y autonomía de las familias.

Frente a esta realidad, la Sala Cuna contribuye a transitar desde un modelo en que el cuidado infantil recae principalmente en el hogar y, dentro de él, mayoritariamente en las mujeres, hacia un modelo de corresponsabilidad, en el que participan las familias, el Estado y el mercado.

En esa misma dirección apunta el proyecto que actualmente se discute en el Congreso: eliminar el actual límite de 20 trabajadoras, una regla que puede generar un incentivo
perverso para no contratar mujeres, y avanzar hacia un fondo solidario que permita ampliar la cobertura del beneficio.

Por eso, la discusión sobre Sala Cuna Universal debería dejar de presentarse exclusivamente como una política de infancia. Es, sobre todo, una política proempleo: permite que más mujeres puedan trabajar, reduce los incentivos a discriminar en la contratación, favorece la formalización y entrega a las familias mayor libertad para decidir cómo organizar el cuidado de sus hijos. Esta última dimensión es particularente relevante, pues implica que el Estado no tiene que decirle a una familia cómo vivir, pero sí debe remover las barreras que impiden que una familia pueda elegir.

Para una mujer desempleada, el acceso a salas cuna, puede significar tener una alternativa que le permita buscar y aceptar un empleo. Para una mujer que hoy está fuera de la fuerza laboral, puede significar que volver a trabajar sea una opción real. Para una trabajadora independiente, puede significar poder aceptar más clientes o trabajar más horas. Y para una trabajadora informal, considerar aceptar un trabajo formal si tiene dónde dejar a sus hijos mientras trabaja.

El efecto tampoco se limita a las mujeres; existe otra dimensión que tampoco debemos olvidar: la corresponsabilidad.

El proyecto busca extender gradualmente el beneficio a los padres y otros cuidadores, avanzando hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares y hacia un sistema que permita a las familias tomar sus decisiones laborales con mayor libertad.

Más importante aún, la Ley de Sala Cuna Universal, también puede ser una política de movilidad social. Principalmente entre las mujeres de hogares de menores ingresos, que, según un estudio del Centro de Políticas Públicas UC, suelen ser las más afectadas por la inactividad laboral, pues tienen menos posibilidades de acceder a una sala cuna de forma particular.

El impacto de esta oportunidad va mucho más allá de recibir un sueldo. Una mujer que puede trabajar puede adquirir experiencia, cotizar para su jubilación, desarrollar una carrera, emprender y aumentar su autonomía económica. Y un hogar que incorpora un segundo ingreso puede tener más herramientas para enfrentar períodos de desempleo, enfermedad o dificultades económicas.

Todo lo anterior demuestra lo sustancial que es que la Ley de Sala Cuna Universal siga avanzando en el Congreso. Eso no significa que el proyecto sea perfecto, pero debe seguir mejorándose para asegurar una cobertura efectiva, un financiamiento sostenible y un diseño que considere las distintas formas en que hoy trabajan y se organizan las
familias chilenas, incluyendo eventualmente la posibilidad de ampliar el servicio hasta los 4 años.

Pero reconocer sus aspectos por mejorar no debiera hacernos perder de vista lo esencial. La Sala Cuna Universal puede convertirse en una herramienta concreta para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres, reducir brechas y entregar mayor libertad a las familias. El objetivo es que ninguna mujer tenga que dejar de trabajar porque no tiene cómo cuidar a sus hijos.

 

Danna Guillof

Cientista Politica UDD