En Chile, cuando un problema afecta directamente a la ciudadanía, la primera reacción del ciudadano suele ser buscar a un responsable.
Si un liceo u escuela funcionan mal, si existe un problema de seguridad, si un centro de salud no entrega una atención adecuada o si una obra pública presenta dificultades, esperamos que alguna autoridad responda y entregue una solución. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si aquella autoridad realmente posee las facultades y los recursos necesarios para solucionar el problema.
Este punto refleja una dificultad importante de nuestro Estado: muchas veces confundimos la responsabilidad política con la capacidad efectiva de actuar. Una autoridad puede ser identificada como responsable frente a sus vecinos, pero depender de decisiones, recursos o instituciones que se encuentran fuera de su control directo. Como consecuencia, la ciudadanía termina exigiendo respuestas a quien está más cerca, aunque no necesariamente sea quien tiene las herramientas para resolver.
Un ejemplo de esta situación se encuentra en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Su creación busca fortalecer la educación pública mediante una administración especializada. Sin embargo, el traslado de la administración desde los municipios también produjo una mayor distancia entre la autoridad local y las preocupaciones de sus comunidades. Esto demuestra que mejorar la capacidad técnica de la administración no necesariamente significa mantener una relación cercana con quienes reciben directamente los servicios públicos.
A mi juicio, el problema no consiste simplemente en decidir si debemos entregar más poder a los municipios, a los SLEP o al Gobierno. El verdadero desafío es distribuir correctamente las responsabilidades. Si una autoridad debe responder por una determinada tarea, también debería contar con las atribuciones y recursos necesarios para cumplirla. De lo contrario, se genera una contradicción: se exige responsabilidad por resultados que, en la práctica, no se pueden controlar.
Esto también afecta directamente la confianza de la ciudadanía. Cuando las autoridades prometen soluciones que posteriormente no pueden ejecutar, aumenta la percepción de que el Estado es ineficiente o que sus instituciones no responden a las necesidades reales de las personas. Por eso, la ciudadanía necesita tener claridad respecto de quién decide, quién ejecuta y quién debe responder.
No se trata de eliminar responsabilidades ni de permitir que las autoridades eviten responder por sus decisiones. Al contrario, quienes ejercen cargos públicos deben administrar correctamente los recursos y responder ante sus comunidades. Pero esa responsabilidad debe estar acompañada de facultades reales para actuar.
Por ello, si queremos construir un Estado que funcione de manera efectiva, debemos avanzar hacia una relación más coherente entre responsabilidad, atribuciones y recursos. Un alcalde necesita herramientas para responder a su comunidad, un SLEP necesita capacidad técnica para administrar la educación y el Gobierno necesita contar con instrumentos suficientes para cumplir las tareas que la ciudadanía le encomienda.
Finalmente, gobernar no significa solamente asumir responsabilidades. También significa tener las herramientas para cumplirlas. Si exigimos resultados, debemos entregar facultades; y si entregamos facultades, debemos exigir responsabilidad. Solo de esta manera podremos avanzar hacia un Estado más eficiente, cercano y capaz de responder verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía.
Cristian Toro Aguirre
Estudiante de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile.
