La aprobación del plan de reconstrucción del Gobierno abre una esperanza para miles de familias afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío. Los recursos adicionales destinados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo —cercanos a los $400 mil millones— permitirán acelerar la reconstrucción de viviendas e impulsar la reactivación económica en distintos sectores. Se trata de una respuesta necesaria frente a una tragedia que movilizó al país y cuya magnitud exigía una acción extraordinaria del Estado.

Sin embargo, mientras avanzamos en reparar los daños provocados por una catástrofe visible, existe otra emergencia habitacional que permanece desde hace años, mucho menos mediática, pero igualmente dramática: los campamentos.

Hoy, con las intensas lluvias que afectan a distintas zonas del país, hemos visto nuevamente al Estado desplegado en campamentos emplazados en quebradas, laderas y otros sectores de riesgo, notificando a las familias sobre el peligro e invitándolas a trasladarse a albergues o lugares seguros. La imagen se repite cada invierno con las inundaciones y cada verano con los incendios. Cambia la emergencia, pero no la vulnerabilidad de quienes viven en estos asentamientos.

Actualmente, más de 90 mil hogares habitan en alrededor de 1.400 campamentos a lo largo de Chile. Para muchas de esas familias, la amenaza no es un hecho excepcional, sino una condición permanente. La precariedad de sus viviendas, la falta de servicios básicos y la ubicación en zonas de riesgo convierten cualquier fenómeno climático en una emergencia anunciada.

Por eso, la reconstrucción no debiera limitarse únicamente a recuperar lo que una catástrofe destruyó. También debiera ser una oportunidad para enfrentar las causas estructurales que hacen que miles de familias vivan permanentemente expuestas a nuevas tragedias. Reducir los tiempos de espera para acceder a una vivienda, simplificar los procesos administrativos y priorizar el cierre de campamentos debieran formar parte de una política de prevención, además de una política habitacional.

Cada peso invertido en erradicar campamentos no solo mejora la calidad de vida de miles de familias. También reduce los costos humanos, sociales y económicos que el Estado termina enfrentando cada vez que ocurre una emergencia. En otras palabras, invertir en vivienda también es invertir en resiliencia.

Si somos capaces de destinar cerca de $400 mil millones para reconstruir lo que una catástrofe destruyó, vale la pena preguntarnos cuántos recursos, voluntad política y sentido de urgencia estamos dispuestos a comprometer para terminar con la catástrofe silenciosa que, año tras año, sigue formando parte del paisaje de nuestro país.