En el marco de una nueva ley de protección de datos que entra en vigencia a fines de año, es importante repensar la innovación pública. Esto no significa únicamente incorporar tecnología, IA y herramientas digitales que muchas veces son más riesgosas que útiles. La fiebre de la IA tiene un lado positivo, muchas cosas se han hecho mucho más sencillas, la productividad de algunas tareas y funciones va al alza y, por ende, el impacto social puede ser mejor de lo que algunos plantean. Sin embargo, la innovación pública como parte de una agenda de modernización del Estado robusta, debe ir de la mano con las capacidades organizacionales necesarias para adaptarse, aprender y mejorar continuamente. En otras palabras, entender si el Estado está preparado para enfrentar problemas cada vez más complejos. Por ejemplo, como lo mide el Índice de Innovación Pública creado en 2019 e impulsado por el Laboratorio de Gobierno. 

En ámbitos como la salud pública, este tema es clave. Actualmente existe una gran brecha en la infraestructura y capacidades entre el nivel secundario de alta complejidad, evidenciado en hospitales versus las capacidades limitadas de la atención primaria de salud. Si se piensa en una agenda de salud pública, la mirada debe ir asociada justamente a lo que se mencionó antes, instalar capacidades organizacionales conjuntas para mejorar uno de los sectores que, según la última encuesta CEP, es el segundo tema más relevante al que debería abocarse el gobierno de cara a la ciudadanía. Si esta capacidad no se genera a modo de red de atención, no sirve implementar los mejores modelos de inteligencia artificial, la tecnología más resolutiva, si el acceso a través de la atención primaria manteniendo procesos altamente manuales, sistemas que no interoperan y dificultades para aprovechar la información disponible.

Debemos pensar de forma estratégica, poniendo el foco en desarrollar capacidades institucionales para gobernar datos, integrar sistemas, fortalecer la ciberseguridad, rediseñar procesos y tomar decisiones basadas en evidencia. Debemos construir y medir estas capacidades para seguir avanzando en una agenda de modernización del Estado durante la próxima década, porque solo aquello que se mide puede gestionarse y mejorarse de manera sistemática, incorporando las nuevas tecnologías de manera responsable y eficiente.