Las últimas semanas, la región de Los Lagos, y especialmente Osorno, se ha visto sacudida por una serie de noticias relacionadas con el uso de recursos públicos y la conducta de distintas autoridades de la zona. Hemos conocido cuestionamientos por contrataciones, conformación de equipos y situaciones que incluso han derivado en investigaciones por eventuales delitos o comportamientos impropios. Más allá de las particularidades y responsabilidades que deberán determinarse en cada caso, el momento resulta propicio para plantear una reflexión que trasciende a personas y partidos: la diferencia entre simplemente ocupar un cargo público y comprenderlo como una verdadera vocación de servicio.
Quienes llegan a desempeñar responsabilidades en el Estado, ya sea desde la administración pública o desde cargos de representación política, reciben algo más que un puesto de trabajo. Reciben una responsabilidad y, con ella, la confianza de la ciudadanía. Por eso, el ejercicio de una función pública no puede limitarse al cumplimiento de las obligaciones mínimas ni entenderse únicamente desde las atribuciones que entrega un determinado cargo. Exige también responsabilidad, austeridad y conciencia respecto de que los recursos administrados pertenecen a todos los chilenos.
El verdadero servidor público no se define exclusivamente por el cargo que ocupa, sino por la vocación que orienta sus acciones. Es quien entiende el poder no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta transitoria, entregada por la ciudadanía para contribuir genuinamente al bienestar de los demás. Es también quien comprende que el ejercicio de una responsabilidad pública exige coherencia entre sus convicciones, sus decisiones y su conducta, junto con estándares especialmente altos de probidad y transparencia.
Por eso, cuando presenciamos contrataciones difíciles de justificar, un uso poco responsable de los recursos públicos o conductas que se alejan de la probidad y del respeto que exige una autoridad, aquello que se fractura no es solamente la imagen de una persona o institución: se debilita la confianza. Cada episodio de este tipo refuerza la percepción de una ciudadanía que muchas veces observa al Estado con distancia y sospecha, y que espera legítimamente mucho más de quienes tienen la responsabilidad de representarla.
Recuperar esa confianza requiere instituciones capaces de establecer mejores controles, promover el mérito, fortalecer la transparencia y exigir una adecuada rendición de cuentas. Pero también supone algo más profundo: recuperar una cultura de servicio público. No basta con cumplir el mínimo legal. Quienes asumen responsabilidades públicas deben comprender el peso que implica administrar recursos, tomar decisiones y ejercer poder en nombre de otros.
Chile necesita más personas dispuestas a entender la política y el Estado desde esa perspectiva. Personas conscientes de que los cargos pasan, pero las consecuencias de las decisiones permanecen. Elevar nuestros estándares no significa exigir autoridades perfectas, sino servidores públicos responsables, austeros y conscientes de la confianza que temporalmente ha sido depositada en ellos.
Solo así podremos comenzar a reconstruir una relación entre política y ciudadanía que durante demasiado tiempo se ha ido debilitando. Porque fortalecer nuestras instituciones también supone recordar algo esencial: servir a Chile debe ser siempre más importante que servirse de un cargo.
Juan Claudio García
Administrador Público
